Se cumple un mes de la invasión de España por Ceuta

Cumplido un mes de la irrupción masiva de miles de personas —en su inmensa mayoría ciudadanos marroquíes— en la ciudad autónoma de Ceuta, la perspectiva del tiempo no diluye la gravedad del acontecimiento; al contrario, acentúa la urgencia de sus consecuencias. Lo ocurrido no puede contemplarse bajo el simple prisma de una crisis humanitaria fortuita o un episodio migratorio desbordado. La inacción en la devolución de quienes cruzaron irregularmente las fronteras españolas sienta un precedente alarmante para la integridad territorial de España y la soberanía de la Unión Europea.

Es incontrovertible que el Reino de Marruecos propició e instrumentalizó intencionadamente este flujo hacia Ceuta. La relajación deliberada del control fronterizo por parte de las fuerzas de seguridad alauitas no fue una casualidad, sino una maniobra de presión geopolítica encaminada a chantajear a un estado vecino. Convertir el drama humano y la desesperación de miles de sus propios nacionales en un peón de ajedrez político representa una grave irresponsabilidad estratégica que vulnera las normas básicas del derecho internacional y la buena vecindad.

El verdadero peligro radica en el mensaje que se emite hacia el exterior. Si las fronteras de un Estado soberano pueden ser violadas de forma masiva sin que se aplique un retorno efectivo y sistemático, el principio de autoridad fronteriza queda anulado. La falta de una respuesta firme y de la devolución de los involucrados sienta un precedente nefasto: valida la efectividad del chantaje migratorio como herramienta de coerción política.

Esta amenaza no atañe exclusivamente a España. Ceuta es, a todos los efectos, la frontera sur de la Unión Europea. Si la UE tolera que se desdibujen sus límites mediante asaltos orquestados, el continente entero queda expuesto a futuras presiones de similar naturaleza por parte de terceros países. Europa se encuentra ante un verdadero punto de inflexión. Sin una señal contundente y unánime que deje claro que las fronteras comunitarias son inviolables y que estas tácticas no generarán rédito político alguno, el proyecto de seguridad y soberanía europeo sufrirá un deterioro irreversible.

Por otro lado, resulta imperativo señalar la responsabilidad directa de la cúpula de poder en Marruecos sobre las causas de fondo de este éxodo. La brecha social y la falta de oportunidades que empujan a miles de jóvenes y familias a arriesgarlo todo no se resuelven exportando el problema al país vecino. La inmensa fortuna personal del Rey de Marruecos, catalogada entre las más grandes del mundo, debería ponerse de manera decidida al servicio de sus propios ciudadanos.

En lugar de destinar recursos a la presión estratégica sobre el exterior, la monarquía alauita tiene el deber moral y político de fomentar la inversión interna, industrializar el país y crear puestos de trabajo dignos que garanticen el bienestar y el futuro de la población en su propia tierra. La estabilidad de una nación no se construye desestabilizando a sus vecinos, sino ofreciendo progreso real y justicia social dentro de sus fronteras.

Ha transcurrido un mes y el tiempo de la indeterminación ha terminado. La defensa de la integridad territorial de España y la protección de la frontera sur europea exigen firmeza, restituciones efectivas y una postura clara ante Marruecos: la soberanía no se negocia y el chantaje no puede quedar sin respuesta.

Francisco José Alonso Rodríguez. - Politólogo. - Sociólogo. - Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. - Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España. - Premiso a las Libertades “Rafael del Riego”. Centro de Estudios Ateneos