NACIONAL
Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias vuelven a la justicia española y presentan una querella contra el cantante
Rebeca y Laura acuden ahora directamente a la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía archivara en enero su primera denuncia al considerar que España carecía de jurisdicción para investigar los hechos.
Las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por presuntos abusos durante el tiempo que trabajaron en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana han dado un nuevo paso para intentar que el caso sea investigado en España. Las mujeres han presentado una querella contra el artista ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, según ha informado Women's Link, organización que las asesora jurídicamente.
Las denunciantes, que utilizan los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar su identidad, recurren así de nuevo a la justicia española después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara en enero la denuncia que habían presentado inicialmente por considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción sobre unos hechos que, según el relato de las mujeres, se produjeron íntegramente en el extranjero.
La presentación de la querella no supone, por el momento, que se haya abierto una investigación judicial contra Julio Iglesias. Será ahora el tribunal el que deberá decidir si admite la querella y existen motivos para investigar los hechos denunciados.
En su nuevo intento judicial, las extrabajadoras sostienen que Iglesias habría aprovechado su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, donde aseguran haber vivido en "un clima de intimidación constante".
La querella recoge presuntas "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas" y denuncia también "condiciones laborales forzadas y degradantes".
Women's Link considera que los hechos relatados podrían ser constitutivos de diferentes delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.
Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, ha defendido que es "fundamental" que las dos mujeres puedan acceder a la justicia "en condiciones de seguridad y dignidad".
"Todas las personas tienen derecho a que los sistemas de justicia investiguen los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos", ha señalado Ríos Cisnero, quien sostiene que España debe garantizar el acceso a la justicia "en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada".
La Fiscalía ya archivó la primera denuncia
No es la primera vez que Rebeca y Laura intentan que los hechos sean investigados en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a tomarles declaración en enero dentro de unas diligencias abiertas a raíz de una denuncia por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales.
Sin embargo, el Ministerio Público acabó archivando las diligencias al concluir que los tribunales españoles carecían de jurisdicción, entre otros argumentos porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España. La defensa de Julio Iglesias había solicitado precisamente el archivo de aquellas actuaciones.
Julio Iglesias niega las acusaciones
El cantante ha negado de forma tajante las acusaciones formuladas por sus antiguas trabajadoras. Después de hacerse público el caso, Iglesias rechazó en sus redes sociales haber cometido los hechos que se le atribuyen.
El artista también ha emprendido acciones legales a raíz de las reacciones que provocaron las denuncias. Entre ellas figura una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor al considerar que sus declaraciones daban por ciertas las acusaciones. Iglesias le reclama 50.000 euros.
La nueva querella abre ahora un escenario diferente al de enero: la decisión ya no corresponde a la Fiscalía, sino al órgano judicial, que tendrá que pronunciarse sobre su admisión y, con ello, sobre la posibilidad de que las graves acusaciones de las dos extrabajadoras lleguen a investigarse en España.
Fotografía: Alejandro Vilar
Las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por presuntos abusos durante el tiempo que trabajaron en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana han dado un nuevo paso para intentar que el caso sea investigado en España. Las mujeres han presentado una querella contra el artista ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, según ha informado Women's Link, organización que las asesora jurídicamente.
Las denunciantes, que utilizan los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar su identidad, recurren así de nuevo a la justicia española después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara en enero la denuncia que habían presentado inicialmente por considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción sobre unos hechos que, según el relato de las mujeres, se produjeron íntegramente en el extranjero.
La presentación de la querella no supone, por el momento, que se haya abierto una investigación judicial contra Julio Iglesias. Será ahora el tribunal el que deberá decidir si admite la querella y existen motivos para investigar los hechos denunciados.
En su nuevo intento judicial, las extrabajadoras sostienen que Iglesias habría aprovechado su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, donde aseguran haber vivido en "un clima de intimidación constante".
La querella recoge presuntas "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas" y denuncia también "condiciones laborales forzadas y degradantes".
Women's Link considera que los hechos relatados podrían ser constitutivos de diferentes delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.
Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, ha defendido que es "fundamental" que las dos mujeres puedan acceder a la justicia "en condiciones de seguridad y dignidad".
"Todas las personas tienen derecho a que los sistemas de justicia investiguen los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos", ha señalado Ríos Cisnero, quien sostiene que España debe garantizar el acceso a la justicia "en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada".
La Fiscalía ya archivó la primera denuncia
No es la primera vez que Rebeca y Laura intentan que los hechos sean investigados en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a tomarles declaración en enero dentro de unas diligencias abiertas a raíz de una denuncia por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales.
Sin embargo, el Ministerio Público acabó archivando las diligencias al concluir que los tribunales españoles carecían de jurisdicción, entre otros argumentos porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España. La defensa de Julio Iglesias había solicitado precisamente el archivo de aquellas actuaciones.
Julio Iglesias niega las acusaciones
El cantante ha negado de forma tajante las acusaciones formuladas por sus antiguas trabajadoras. Después de hacerse público el caso, Iglesias rechazó en sus redes sociales haber cometido los hechos que se le atribuyen.
El artista también ha emprendido acciones legales a raíz de las reacciones que provocaron las denuncias. Entre ellas figura una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor al considerar que sus declaraciones daban por ciertas las acusaciones. Iglesias le reclama 50.000 euros.
La nueva querella abre ahora un escenario diferente al de enero: la decisión ya no corresponde a la Fiscalía, sino al órgano judicial, que tendrá que pronunciarse sobre su admisión y, con ello, sobre la posibilidad de que las graves acusaciones de las dos extrabajadoras lleguen a investigarse en España.
Fotografía: Alejandro Vilar
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