Dependen de lo que venden

Proteger a quien está verdaderamente enfermo es una obligación de cualquier sociedad decente, pero proteger al trabajador no debería significar abandonar al médico que debe decidir, ni dejar solo al pequeño empresario que tiene que mantener abierto su negocio. España necesita hablar de las bajas laborales sin gritos, sin criminalizar a los enfermos, pero también sin cerrar los ojos ante los abusos y las ineficiencias de un sistema que cada año resulta más difícil de sostener. Hay pequeños empresarios con un solo empleado, que no tienen departamento de Recursos Humanos, no tienen una bolsa de sustitutos, y tampoco una plantilla amplia que pueda reorganizar. Son autónomos que abren cada mañana y dependen de lo que venden para pagar el alquiler, los impuestos, su propia vivienda y a los proveedores. Si el único empleado coge la baja, tiene que contratar a otro para seguir atendiendo el negocio, y si este sustituto también coge la baja, la situación se complica. Ese empresario continuará trabajando, pero no para ganarse la vida, sino para pagar nóminas, cotizaciones, sustituciones y gastos. Y resulta que después de cumplir con todo el mundo, no le quedará dinero suficiente ni para comer con tranquilidad. Cuando falta una de las dos personas de una tienda, un bar, una peluquería o una pequeña oficina, puede desaparecer de golpe la mitad del negocio, y el empresario no puede colgar un cartel diciendo que atenderá a sus clientes dentro de tres meses, cuando regrese el trabajador. Tiene que contratar a alguien, formar al sustituto, pagar horas extraordinarias o asumir personalmente jornadas interminables. Por eso resulta engañoso analizar las bajas laborales fijándose solamente en la prestación que cobra el trabajador, porque existe otro coste que casi nunca aparece en las estadísticas : el coste de mantener abierto el negocio. Al cierre de 2025, el absentismo alcanzaba el 7,1% de las horas pactadas y afectaba cada día a casi 1,6 millones de trabajadores. No todas esas ausencias corresponden a bajas médicas, ni desde luego todas son fraudulentas, pero la dimensión del fenómeno ya resulta imposible de ignorar, ya que el coste asociado a las incapacidades temporales por contingencias comunes se situó en el entorno de los 33.000 millones de euros.