La vivienda que los progresistas han eludido

El derecho a la vivienda, avalado en el Artículo 47 de la Constitución Española, que establece que “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, no se ha hecho realidad y año tras año de este autodenominado gobierno progresista, ha motivado a que la necesidad se convirtiera en un problema mayor, ha modificado la vida de miles de jóvenes que no pueden emanciparse ni formar sus propias familias, ha obligado a muchos a soportar unos alquileres compartidos con varias personas para poder emanciparse, ha desahuciado sin comprobar la vulnerabilidad o la situación particular de cada inquilino (no todos han tenido la suerte mediática de Mari Carmen), y ha favorecido, o por lo menos no ha reglado, la okupación.

Ahora, deprisa y corriendo, cuando la situación se ha convertido en una dificultad de dimensiones abrumadoras, pretenden calmar a la gente, con una Isabel Rodríguez, ministra del ramo, que ha avergonzado a quienes la vieron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, incapaz de dar respuesta a los periodistas, balbuceando, perdida entre sus propios papeles, demostrando una ineptitud total ante los dos decretos que presentaron y posteriormente fueron tumbados en el Congreso.

Con la reciente noticia del presidente Sánchez de convocar elecciones, deja el país en una situación más que lamentable: el tema de la vivienda sigue colgando, aunque, deprisa y corriendo, pretenda –por la puerta de atrás, a través de la Diputación Permanente- colar los dos decretos antes mencionados mientras la gente sigue okupando calles y plazas clamando por una solución que no va a llegar.

A día de hoy, vemos a un presidente que no ha abordado con seriedad este tema, eso sí, prometiendo en distintas fases de su gobierno, desde 2021 a 2023, la construcción de entre 184.000 y 267.000 viviendas asequibles y públicas. Como ya nos tiene acostumbrados, decir una cosa y su contraria es un dogma que utiliza demasiado a menudo, y no solo con este asunto; hace lo mismo con el problema de la invasión en Ceuta, y tantos flecos pendientes de su legislatura: aún no se han entregado todas las ayudas del volcán de La Palma (año 2021), los afectados por la DANA en Valencia siguen esperando (año 2024), se han otorgado solo una parte de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida (año 2026),… etc.

Estos problemas cuya solución se alarga en el tiempo y quedan sin resolver en muchos casos, afectan a personas, esto puede sonar como una obviedad, pero es que hay que ver más allá, porque son las personas quienes están sufriendo dificultades que deberían ser resueltas con la eficacia y la seriedad que requiere un gobierno que se supone vela por sus ciudadanos.