¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!

Eugenio-Jesús de Ávila

Los sindicatos generalistas, UGT y CC.OO. representan a poco más de un 12% de trabajadores, entre los que deben incluirse, además de obreros, profesores y maestros, entre otras profesiones. Ambos recibieron del gobierno de Sánchez, desde 2018 hasta 2025, más de 90 millones de euros en forma de subvenciones estatales. La media anual se acerca a los 12 millones de euros, mientras que con los ejecutivos de Rajoy se redujo a los siete. Recordemos que la ministra de Trabajo, la ínclita Yolanda Díaz, es militantes de Comisiones. Ahora, dos días antes del inicio de la campaña electoral, irán a la huelga general, hecho inaudito en la historia moderna del sindicalismo español. No se trata, porque así lo ha dicho otra mujer, que fuera vicepresidenta del gobierno, elegida como una de las organizadoras de la campaña sanchista a las legislativas, de una huelga con el gobierno, como se trató secularmente, sino contra la oposición. Perfecto. Lógico.

No sé por qué se extrañan las gentes de esta acción “revolucionaria” sindicalista.  Lo raro sería que Álvarez y Sordo criticaran a los ejecutivos de Sánchez, protagonistas de la Ley de la Vivienda y de la Ley de Desahucios vigentes (desde el 2018 hasta este 2026, se han producido 269.000 desahucios en España).

La huelga general debería exigir el fin de la propiedad privada. Todas las viviendas privadas, de fondos buitres, de fondos pardales o gorriones, deberán ser expropiadas por el Estado para distribuirlas entre los menesterosos, entre las personas que carecen de un piso en propiedad y se ven obligadas a pagar un alquiler. Conformarse con medidas menos drásticas, se entendería como un teatrillo sindical. Hay que se consecuente con los principios. ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!

Cuando gobernaba Felipe González, UGT y CC.OO. lanzaron varias huelgas generales, argumentando una cierta liberalización de la economía por parte del gobierno y las consiguientes reconversiones en casi todos los sectores de la industria patria. No comparemos, verbigracia, a Nicolas Redondo con el tal Pepe Álvarez, un señor nacido en Asturias, pero que esta a favor de la independencia de Cataluña. Paradoja ideológica.

Las subvenciones y las ayudas estatales convierten a los organismos e instituciones que las reciben en dependientes directos, en servidores de los que las otorgan. Raro, contra natura, que se planteen actos de rebeldía contra los ejecutivos gubernamentales. Mientras sindicatos y patronales obtengan un tanto por ciento elevadísimo del Estado para su financiación, no esperemos personalidad en las decisiones de estas asociaciones de trabajadores y de empresarios.

Cuántas más subvenciones otorgue el Estado -incluyo a gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos- a asociaciones de todo tipo, sindicatos, patronales, mundo de la cultura, del deporte, menos libertad existirá en esa sociedad. Nos acercaremos al celebre “Todo en el estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

Por supuesto, los partidos políticos no deberían recibir ni un euro público por ningún concepto; qué se financien con el dinero que abone su militancia, no con el de nuestros impuestos.

No obstante, como al parecer, según los cerebros pensantes, catedráticos de politología, no se necesita del Parlamento, del poder legislativo, para gobernar, ahorrémonos también la presencia de diputados y de senadores en ambas cámaras. Gasto superfluo. La nueva democracia que se anuncia carecerá de políticos, de Congreso y de Senado. El ejecutivo absorberá los poderes legislativos y, a ser posible, el judicial, con un CGPJ elegido ad hoc por el presidente del Gobierno. ¡Qué gobierne la Inteligencia Artificial! Ya lo adelantó Engels al final de su vida: en el futuro pasaremos del gobierno de los hombres a la gestión de las cosas. ¿Entendido?