FUNDACIÓN LETICIA ROSINO
La madre de Leticia Rosino exige cambiar la Ley del Menor ante los incumplimientos de su asesino, en libertad vigilada
Cumplida su pena, el condenado se ha establecido en Vitoria, donde ha incumplido las obligaciones de la libertad vigilada
Inmaculada Andrés y la fundación que lleva el nombre de su hija han reunido más de 130.000 firmas para reclamar penas proporcionales a la gravedad de los delitos.
Ocho años después del asesinato de Leticia Rosino, su madre, Inmaculada Andrés, continúa reclamando una reforma de la Ley del Menor. La lucha de la familia zamorana vuelve a cobrar actualidad después de conocerse que el autor de la agresión sexual y el asesinato de la joven, que recuperó la libertad el pasado mes de mayo, habría incumplido en varias ocasiones las condiciones de su libertad vigilada en Vitoria.
La Fundación Leticia Rosino, impulsada para mantener viva su memoria y reclamar cambios legislativos, ha reunido más de 130.000 firmas para exigir que las penas impuestas a menores responsables de delitos de extrema gravedad guarden mayor proporción con los hechos cometidos.
"El castigo debe guardar proporción con el delito. El fin educativo de la norma es válido para ciertos supuestos, pero debe cambiar cuando se traspasan límites tan atroces", sostiene Inmaculada Andrés, que lleva desde 2018 reclamando una modificación de la legislación.
Una condena de ocho años por una violación y un asesinato
Leticia Rosino tenía 32 años cuando fue asesinada el 3 de mayo de 2018 en Castrogonzalo (Zamora). Había salido a pasear mientras esperaba a su pareja cuando fue atacada por un adolescente de 16 años, que la agredió sexualmente y acabó con su vida.
El autor fue condenado a ocho años de internamiento, la duración máxima prevista para su caso por la legislación penal de menores. Tras cumplir la condena, recuperó la libertad el pasado mes de mayo, aunque quedó sometido a cinco años de libertad vigilada, hasta 2031.
Para la familia, la pena impuesta no refleja la gravedad del crimen. Inmaculada Andrés lleva años reclamando que la legislación contemple respuestas penales diferentes para los delitos más graves, sin que la minoría de edad impida valorar adecuadamente sus consecuencias. La fundación ha convertido esta reivindicación en uno de sus principales objetivos y ha promovido una recogida de firmas que ya ha sido trasladada al Congreso de los Diputados.
Incumplimientos de la libertad vigilada en Vitoria
La preocupación de la familia se ha intensificado después de las informaciones publicadas por El Correo, según las cuales el condenado, actualmente de 24 años, habría incumplido varias de las obligaciones establecidas por el juzgado.
El joven reside en Álava, donde terminó de cumplir su condena, y está obligado a permanecer localizado, comunicar los cambios de domicilio o empleo, comparecer ante la autoridad judicial y participar en programas formativos y de seguimiento.
Sin embargo, según fuentes judiciales y policiales citadas por el periódico, durante las últimas semanas habría dejado de responder a las llamadas de seguimiento y no se encontraba en su domicilio habitual. También habría sido identificado por la Policía en una vivienda distinta de la conocida por las autoridades.
Estas circunstancias activaron las alertas de los organismos encargados de supervisar su libertad vigilada. Las mismas informaciones señalan que el joven ha vuelto a responder a las llamadas después de las advertencias judiciales. Los posibles incumplimientos deberán ser valorados por la autoridad judicial, que puede adoptar las medidas legalmente previstas si se acredita que ha desatendido sus obligaciones.
"Él sale, ella no vuelve"
La madre de Leticia no oculta su indignación ante la situación. Desde su pequeño comercio de alimentación, Inmaculada Andrés continúa defendiendo una reforma que, insiste, no busca únicamente responder al asesinato de su hija, sino evitar que otras familias tengan que enfrentarse a circunstancias similares.
La familia también cuestiona que el condenado haya recuperado la libertad sin haber pedido perdón ni participado, según denuncia, en programas de reinserción durante su estancia en prisión. Inmaculada Andrés considera que el sistema debe garantizar una respuesta adecuada ante delitos de extrema gravedad y establecer mecanismos de seguimiento eficaces una vez cumplida la medida de internamiento.
Más de 130.000 firmas para reformar la ley
La Fundación Leticia Rosino mantiene abierta su reivindicación para modificar la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La propuesta de la familia plantea endurecer las consecuencias penales de los delitos especialmente graves, como el asesinato y la agresión sexual, y revisar el tratamiento de los antecedentes de quienes los cometen siendo menores de edad.
La madre de Leticia ha pedido a los representantes políticos que aborden esta reforma y escuchen a las víctimas. Su reclamación ha encontrado el respaldo de miles de ciudadanos, que han apoyado la recogida de firmas promovida por la fundación.
El debate enfrenta dos cuestiones que deben abordarse conjuntamente: la finalidad educativa y de reinserción de la justicia juvenil y la necesidad de garantizar una respuesta proporcionada ante los delitos más graves. Para Inmaculada Andrés, la respuesta sigue siendo insuficiente. Ocho años después de perder a su hija, continúa reclamando que su caso sirva para impulsar un cambio legislativo y que el nombre de Leticia Rosino permanezca vinculado a esa reivindicación.
Ocho años después del asesinato de Leticia Rosino, su madre, Inmaculada Andrés, continúa reclamando una reforma de la Ley del Menor. La lucha de la familia zamorana vuelve a cobrar actualidad después de conocerse que el autor de la agresión sexual y el asesinato de la joven, que recuperó la libertad el pasado mes de mayo, habría incumplido en varias ocasiones las condiciones de su libertad vigilada en Vitoria.
La Fundación Leticia Rosino, impulsada para mantener viva su memoria y reclamar cambios legislativos, ha reunido más de 130.000 firmas para exigir que las penas impuestas a menores responsables de delitos de extrema gravedad guarden mayor proporción con los hechos cometidos.
"El castigo debe guardar proporción con el delito. El fin educativo de la norma es válido para ciertos supuestos, pero debe cambiar cuando se traspasan límites tan atroces", sostiene Inmaculada Andrés, que lleva desde 2018 reclamando una modificación de la legislación.
Una condena de ocho años por una violación y un asesinato
Leticia Rosino tenía 32 años cuando fue asesinada el 3 de mayo de 2018 en Castrogonzalo (Zamora). Había salido a pasear mientras esperaba a su pareja cuando fue atacada por un adolescente de 16 años, que la agredió sexualmente y acabó con su vida.
El autor fue condenado a ocho años de internamiento, la duración máxima prevista para su caso por la legislación penal de menores. Tras cumplir la condena, recuperó la libertad el pasado mes de mayo, aunque quedó sometido a cinco años de libertad vigilada, hasta 2031.
Para la familia, la pena impuesta no refleja la gravedad del crimen. Inmaculada Andrés lleva años reclamando que la legislación contemple respuestas penales diferentes para los delitos más graves, sin que la minoría de edad impida valorar adecuadamente sus consecuencias. La fundación ha convertido esta reivindicación en uno de sus principales objetivos y ha promovido una recogida de firmas que ya ha sido trasladada al Congreso de los Diputados.
Incumplimientos de la libertad vigilada en Vitoria
La preocupación de la familia se ha intensificado después de las informaciones publicadas por El Correo, según las cuales el condenado, actualmente de 24 años, habría incumplido varias de las obligaciones establecidas por el juzgado.
El joven reside en Álava, donde terminó de cumplir su condena, y está obligado a permanecer localizado, comunicar los cambios de domicilio o empleo, comparecer ante la autoridad judicial y participar en programas formativos y de seguimiento.
Sin embargo, según fuentes judiciales y policiales citadas por el periódico, durante las últimas semanas habría dejado de responder a las llamadas de seguimiento y no se encontraba en su domicilio habitual. También habría sido identificado por la Policía en una vivienda distinta de la conocida por las autoridades.
Estas circunstancias activaron las alertas de los organismos encargados de supervisar su libertad vigilada. Las mismas informaciones señalan que el joven ha vuelto a responder a las llamadas después de las advertencias judiciales. Los posibles incumplimientos deberán ser valorados por la autoridad judicial, que puede adoptar las medidas legalmente previstas si se acredita que ha desatendido sus obligaciones.
"Él sale, ella no vuelve"
La madre de Leticia no oculta su indignación ante la situación. Desde su pequeño comercio de alimentación, Inmaculada Andrés continúa defendiendo una reforma que, insiste, no busca únicamente responder al asesinato de su hija, sino evitar que otras familias tengan que enfrentarse a circunstancias similares.
La familia también cuestiona que el condenado haya recuperado la libertad sin haber pedido perdón ni participado, según denuncia, en programas de reinserción durante su estancia en prisión. Inmaculada Andrés considera que el sistema debe garantizar una respuesta adecuada ante delitos de extrema gravedad y establecer mecanismos de seguimiento eficaces una vez cumplida la medida de internamiento.
Más de 130.000 firmas para reformar la ley
La Fundación Leticia Rosino mantiene abierta su reivindicación para modificar la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La propuesta de la familia plantea endurecer las consecuencias penales de los delitos especialmente graves, como el asesinato y la agresión sexual, y revisar el tratamiento de los antecedentes de quienes los cometen siendo menores de edad.
La madre de Leticia ha pedido a los representantes políticos que aborden esta reforma y escuchen a las víctimas. Su reclamación ha encontrado el respaldo de miles de ciudadanos, que han apoyado la recogida de firmas promovida por la fundación.
El debate enfrenta dos cuestiones que deben abordarse conjuntamente: la finalidad educativa y de reinserción de la justicia juvenil y la necesidad de garantizar una respuesta proporcionada ante los delitos más graves. Para Inmaculada Andrés, la respuesta sigue siendo insuficiente. Ocho años después de perder a su hija, continúa reclamando que su caso sirva para impulsar un cambio legislativo y que el nombre de Leticia Rosino permanezca vinculado a esa reivindicación.
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