Guarido rechaza el macrocentro de datos de Monfarracinos por su impacto en el territorio y sus dudas sobre el empleo

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha expresado su rechazo al centro de datos hiperescalar proyectado en Monfarracinos, una iniciativa que considera desproporcionada por sus dimensiones y cuyos beneficios para la provincia cuestiona. El regidor ha aclarado que su postura no supone estar en contra de los centros de datos, sino de un macroproyecto que, a su juicio, no acredita suficientemente su interés general y puede comprometer recursos naturales y terrenos agrícolas.

El equipo de Gobierno, integrado por Izquierda Unida y PSOE, presentará una moción en el Pleno municipal para instar a la Junta de Castilla y León a que no tramite la instalación como proyecto regional. Guarido ha explicado que esta figura permite centralizar la tramitación autonómica y deja en un segundo plano la capacidad de decisión de los ayuntamientos afectados, además de facilitar las expropiaciones de terrenos.

El alcalde considera que una inversión privada de gran volumen no garantiza por sí misma la prosperidad del territorio. En este caso, el promotor anuncia una inversión de miles de millones de euros para un complejo que contempla cinco edificios, un parque fotovoltaico asociado y 24 instalaciones térmicas con chimeneas de unos 30 metros de altura. Según los datos expuestos por Guarido, el proyecto tendría repercusiones sobre terrenos agrícolas de varios municipios del entorno.

«No estamos en contra de los centros de datos. Sí estamos en contra de los macrocentros hiperescalares», ha resumido el alcalde, que defiende un modelo de desarrollo más sostenible y adaptado a las características de una provincia rural como Zamora.

Uno de los principales argumentos del regidor es la incertidumbre sobre el impacto laboral real de la instalación. Mientras que la empresa promotora cifra en 500 los puestos de trabajo que podría generar, Guarido ha señalado que otras estimaciones apuntan a una cifra inferior. Por ello, reclama que se desglose el empleo temporal y permanente, la contratación local, los salarios y el número de trabajadores que desempeñarán su actividad físicamente en las instalaciones, frente a quienes lo hagan mediante teletrabajo.

También ha advertido de las consecuencias que podrían tener el consumo de agua y energía, el ruido, el tráfico y la pérdida de superficie agrícola. A su juicio, la evaluación no debe limitarse al centro de datos, sino contemplar de forma conjunta las infraestructuras vinculadas y otros proyectos industriales previstos en la zona, incluidas iniciativas relacionadas con las energías alternativas y el hidrógeno verde.

El Ayuntamiento de Zamora se considera directamente afectado por la proximidad de la instalación. Guarido ha recordado que la distancia en línea recta entre la ciudad y el proyecto no alcanza, según sus cálculos, los tres kilómetros, por lo que entiende que el municipio tiene motivos para presentar alegaciones.

La moción municipal plantea cinco líneas de actuación: pedir que se deje sin efecto la tramitación como proyecto regional; reclamar que se apliquen los procedimientos ordinarios; exigir una evaluación integral y acumulativa de las infraestructuras asociadas; solicitar previsiones verificables y desglosadas sobre el empleo y los ingresos públicos, y garantizar el acceso público a toda la documentación técnica y ambiental.

Guarido ha cuestionado, además, que la declaración de proyecto regional pueda privar a los municipios de ingresos derivados del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, una contraprestación que considera relevante para las localidades que acogen grandes inversiones.

El alcalde ha reconocido que tenía expectativas en el desarrollo del polígono industrial de Monfarracinos, porque confiaba en que atrajera empresas capaces de generar actividad económica y población en Zamora. Sin embargo, teme que el centro de datos no responda a esas expectativas y que sus beneficios recaigan principalmente en terceros, mientras que los costes territoriales y ambientales permanezcan en la provincia.

La iniciativa se debatirá con los grupos municipales en una junta de portavoces, con la intención de alcanzar una posición común. El equipo de Gobierno también presentará las alegaciones correspondientes ante la Administración autonómica dentro del plazo previsto.