El contrato caducado que oxida Zamora

Basta esperar el autobús en algunas zonas de Zamora para comprobar el estado de las marquesinas. Cristales rotos, restos todavía incrustados en las juntas, estructuras comidas por el óxido y una limpieza manifiestamente mejorable. No hace falta ningún informe técnico. Está a la vista.

Lo que quizá se vea menos es lo que hay detrás del óxido. El contrato del autobús urbano terminó el 28 de febrero de 2023. No fue una avería inesperada ni una circunstancia sobrevenida. Los contratos tienen fecha de caducidad y el Ayuntamiento sabía perfectamente cuándo terminaba. De hecho, en marzo de aquel año ya aseguraba que estaba elaborando los nuevos pliegos. Tres años y medio después, la nueva concesión sigue sin licitarse.

Ahora el responsable del contrato, el concejal socialista David Gago, anuncia una concesión de alrededor de 40 millones de euros para otros diez años. En junio aseguraba que el pliego estaría listo este año "sí o sí". En octubre ya se habla de tener el contrato antes de que finalice el mandato. El calendario se mueve, pero las marquesinas siguen donde estaban.

Y con ellas tampoco valen demasiadas excusas. El anterior contrato obligaba al adjudicatario al mantenimiento, conservación y limpieza de las marquesinas y al Ayuntamiento a vigilar el cumplimiento de esas obligaciones. La continuidad del servicio desde 2023 mantuvo las obligaciones del régimen anterior. Por tanto, si corresponde actuar a Semura Bus, que el Ayuntamiento se lo exija; y si corresponde al Ayuntamiento, que actúe. Lo que no puede existir es una tierra de nadie en la que el único que espera sea el usuario.

Pero existe una cuestión política todavía más llamativa. PSOE e Izquierda Unida podían haber apostado por estudiar seriamente la municipalización del autobús urbano y han elegido volver a sacarlo a concesión durante otros diez años.

Una empresa privada busca legítimamente rentabilidad. Para eso es una empresa. Un Ayuntamiento debería buscar exclusivamente que el autobús llegue donde se necesita, tenga las frecuencias que necesitan los vecinos y preste el mejor servicio posible, sea o no rentable una determinada línea o un determinado horario. Con gestión directa, las decisiones estarían en manos municipales y sometidas a las necesidades del servicio público, no también a la cuenta de resultados de una concesionaria.

Que un gobierno formado por PSOE e IU renuncie a explorar ese modelo y vuelva a confiar durante una década un servicio público esencial a la gestión privada merece, como mínimo, una explicación.

Ahora se anuncian autobuses eléctricos, nuevas líneas y marquesinas inteligentes con información en tiempo real. Todo llegará.

Pero antes de hacer inteligentes las marquesinas quizá convendría hacer algo bastante más sencillo: limpiarlas, cambiar los cristales rotos y quitarles el óxido.

Para eso no hacían falta 40 millones ni esperar a otro contrato. Hacían falta mantenimiento y previsión.