UPL exige a la Junta que aclare si puede autorizar las instalaciones del Centro de Datos

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha abierto un nuevo frente sobre la tramitación del  Centro de Datos Hiperescalar proyectado en Monfarracinos, al exigir a la Junta de Castilla y León que aclare si posee realmente competencias para autorizar todas las instalaciones que pretende englobar dentro de un único proyecto que ha declarado como Proyecto Regional.

La cuestión forma parte de las 25 preguntas registradas en las Cortes por el procurador de UPL Luis Mariano Santos, y plantea un interrogante que los leonesistas consideran necesario resolver antes de que se continúe avanzando en la tramitación: qué puede autorizar realmente la Junta y qué instalaciones, por su potencia, naturaleza o características, pueden corresponder a la Administración General del Estado.

UPL recuerda que el proyecto no se limita a los cinco edificios que albergarían el centro de datos. La actuación incorpora además un amplio conjunto de infraestructuras energéticas asociadas, entre ellas parque fotovoltaico, subestación y líneas de evacuación.

La formación leonesista señala que la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, atribuye al Estado la autorización de determinadas instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica de potencia instalada superior a 50 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación, así como de otras instalaciones que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma.

Por ello, UPL no solo pregunta qué instalaciones considera la Junta de competencia autonómica y cuáles pueden corresponder al Estado, sino que exige conocer si ese análisis competencial se realizó antes de iniciar la tramitación del Proyecto Regional.

Para los leonesistas, esta cuestión resulta especialmente relevante porque la utilización de la figura del Proyecto Regional no puede servir para alterar el reparto de competencias entre administraciones ni para sustituir las autorizaciones que correspondan conforme a la legislación sectorial.

Asimismo, Unión del Pueblo Leonés reclama que la Junta explique qué hará si finalmente se determina que alguna de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del complejo está sometida a autorización estatal y cómo afectaría esa circunstancia a la tramitación actualmente iniciada.

UPL pide conocer qué informes existían antes de iniciar el procedimiento

Las preguntas registradas van más allá y reclaman a la Junta que identifique el informe favorable de la consejería competente por razón de la materia que debe constar con carácter previo al inicio del procedimiento de aprobación del Proyecto Regional, precisando qué órgano lo emitió, en qué fecha y cuáles fueron sus conclusiones.

La formación pregunta también si se han solicitado y obtenido todos los informes sectoriales necesarios de las administraciones y organismos competentes en materia de aguas, energía, medio ambiente, urbanismo, Protección Civil, incendios, carreteras, patrimonio y salud pública, así como, en caso de existir informes pendientes, UPL exige conocer cuáles son y en qué fase de tramitación se encuentran.

Los leonesistas consideran que la Junta debe aclarar igualmente dónde consta en el expediente la justificación concreta de que esta actuación reúne los requisitos necesarios para ser tramitada como Proyecto Regional y cómo se han acreditado su utilidad pública o interés social y su incidencia supramunicipal.

Y es que, para UPL, la dimensión de una inversión privada no puede sustituir el cumplimiento de las exigencias legales ni convertir automáticamente toda la actuación en competencia autonómica.

¿Qué hará la Junta si los informes ponen reparos al proyecto?

UPL lleva finalmente el debate a una cuestión que considera fundamental: qué ocurrirá si alguno de los informes preceptivos resulta desfavorable, establece condiciones que alteran sustancialmente el proyecto o pone de manifiesto incompatibilidades que no puedan ser subsanadas.

Por ello, los leonesistas preguntan expresamente si la Junta contempla modificar, suspender o incluso denegar la aprobación del Proyecto Regional en caso de que no queden suficientemente acreditadas su viabilidad jurídica, urbanística, ambiental y territorial.

Unión del Pueblo Leonés reclama, además, un compromiso claro del Ejecutivo autonómico para no aprobar definitivamente el Proyecto Regional mientras no estén determinadas las competencias correspondientes a cada una de las instalaciones y se hayan incorporado al expediente los informes, autorizaciones y garantías exigibles.

Para los leonesistas, antes de discutir las bondades de una inversión de estas dimensiones existe una pregunta mucho más elemental que la Junta debe responder: si tiene competencia para autorizar todo lo que pretende tramitar.

Y es que UPL considera que una actuación de esta magnitud no puede avanzar sobre interrogantes pendientes, y si una parte del proyecto corresponde al Estado, si faltan informes preceptivos o si alguno de ellos cuestiona su viabilidad, la Junta debe explicarlo antes de adoptar una decisión que pueda resultar difícilmente reversible.

          Manuel Herrero Alonso.