Un Tribunal Constitucional que defrauda

El acuerdo adoptado hace unas semanas por el Tribunal Supremo cierra de forma definitiva nueve años de pulso entre la Justicia y los secesionistas catalanes, condenados por sedición junto con malversación de fondos públicos tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Los magistrados consideraron que la sentencia por el enriquecimiento ilícito no decaía con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el verano de 2024, pero la orden del Constitucional para que se aplique la medida de gracia sin excepción ha provocado no sólo el levantamiento de las órdenes de detención contra los fugados e inhabilitados, sino una colisión sin precedentes entre los dos altos Tribunales. La Sala de lo Penal del Supremo concluyó, en los autos de julio de 2024, que la ley promulgada por el Gobierno para responder al chantaje nacionalista y mantenerse en el poder, y que el ejecutivo consideró inconstitucional hasta que le interesó cambiar de opinión, no era aplicable al beneficio patrimonial obtenido en el impulso al procés. La "innecesaria grandilocuencia" con la que el Tribunal que preside el ex Fiscal General del Estado calificó esa sentencia, con sólo un voto particular contrario, ha provocado la contundente reacción del Juez instructor, Pablo Llarena, que ha considerado "inadmisibles y desmesurados" los adjetivos empleados. Conviene recordar que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución Española de 1978, y aunque ejerce una función jurisdiccional, no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano independiente y autónomo que vela por la supremacía de la Carta Magna. El Título IX de la Constitución regula sus funciones principales, que son el control de la constitucionalidad de las leyes, el control previo de los tratados internacionales, la protección de los derechos fundamentales, la resolución de conflictos de competencia y la garantía de la división de poderes. Basta tener presente que sus doce miembros son elegidos por el Congreso de los Diputados (4), el Senado (4), el Gobierno (2) y el CGPJ (2), para advertir la contaminación que tienen sus integrantes. Lo que pretendía ser una medida que exigiera consenso para alejarles de partidismos, se volvió un reparto a la carta entre las dos grandes formaciones.  En junio de 2024 el PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo, con la mediación de la Comisión Europea,  para desbloquear los órganos judiciales, comprometiéndose a buscar fórmulas más independientes para sus designaciones futuras, lo que no ha llegado a cristalizar en esta última legislatura, ni parece que vaya a ver la luz en breve, dada la tensión suscitada en las candidaturas para el Senado.