Martes, 17 de Noviembre de 2026

Redacción
Lunes, 16 de Noviembre de 2026
PROGRAMA ELECTORAL: EDUCACIÓN

Castilla y León supera la brecha social entre la educación pública y concertada de España, mientras Portugal presenta el modelo opuesto

España presenta la mayor desigualdad socioeconómica de la OCDE entre la enseñanza pública y la concertada

Los análisis de El Orden Mundial revelan las diferencias de un sistema que destina miles de millones a centros privados financiados con fondos públicos, mientras numerosos colegios e institutos públicos necesitan mejoras en sus instalaciones. Portugal ofrece un modelo muy distinto.

La educación ha vuelto al centro del debate político y social. Las huelgas de profesores en Castilla y León, las reclamaciones para mejorar las condiciones laborales y las necesidades de inversión en los centros públicos coinciden con un momento en el que los partidos políticos vuelven a situar la enseñanza entre sus prioridades electorales. Pero, más allá de los salarios, las ratios o las instalaciones, existe una cuestión de fondo que condiciona la igualdad de oportunidades: la distribución del alumnado y de los recursos públicos entre las distintas redes educativas.

 

Dos investigaciones publicadas por El Orden Mundial, elaboradas por la periodista Jara Monter en enero y febrero de 2025, permiten comprender las dimensiones de este problema. A partir de los datos de Save the Children, la OCDE y diferentes estudios económicos, el medio especializado en geopolítica muestra que España es el país de la OCDE con mayor desigualdad socioeconómica entre los estudiantes de la enseñanza pública y la concertada.

 

Esta situación también se reproduce en Castilla y León, donde las diferencias son incluso superiores a la media española.

 

Castilla y León, por encima de la media española en segregación educativa

 

Según el análisis realizado por Save the Children a partir del informe PISA 2022, la diferencia socioeconómica entre el alumnado de los centros públicos y concertados alcanza los 0,48 puntos en España. En Castilla y León asciende hasta los 0,50 puntos. Este indicador tiene en cuenta el nivel educativo y profesional de los padres, así como los recursos económicos y materiales de las familias. Los resultados muestran que los centros concertados escolarizan, por término medio, a estudiantes procedentes de hogares con una situación económica más favorable.

 

Conviene aclarar una cuestión fundamental: estas diferencias no significan que la educación concertada sea mejor que la pública. De hecho, el estudio de EsadeEcPol sobre las cuotas de la enseñanza concertada señala que las diferencias de rendimiento académico entre ambas redes desaparecen cuando se comparan centros con características socioeconómicas similares en su alumnado.

 

El problema, por tanto, no reside en una supuesta superioridad educativa, sino en la segregación que se produce cuando estudiantes de distintas clases sociales terminan distribuidos de manera desigual entre centros financiados con dinero público.

 

Esta separación tiene consecuencias. Los colegios e institutos públicos asumen una mayor proporción de alumnado procedente de familias con menos recursos y de origen migrante, lo que exige más apoyos, profesionales especializados y medidas de atención a la diversidad.

 

Una red privada sostenida con dinero público

 

La enseñanza concertada es privada en su titularidad, pero recibe financiación pública. En España escolariza aproximadamente al 30 % del alumnado, aunque su peso varía notablemente entre comunidades autónomas.

 

En Castilla y León, la presencia de los centros religiosos es especialmente importante. Según la memoria de Escuelas Católicas correspondiente al curso 2023-2024, esta organización, que agrupa a centros de titularidad religiosa y otras entidades educativas católicas, representaba el 94 % de la enseñanza concertada de la Comunidad, con 173 colegios y más de 98.000 alumnos.

 

Esta realidad introduce otro elemento en el debate: una parte considerable de los fondos públicos destinados a conciertos educativos termina financiando la actividad de centros gestionados por entidades privadas vinculadas a la Iglesia católica.

 

Los datos recopilados por El Orden Mundial reflejan que la financiación de la enseñanza concertada ha crecido durante las últimas décadas. En España pasó de 5.779 millones de euros en 2011 a 7.459 millones en 2022. La cuestión no es únicamente cuánto dinero reciben estos centros, sino qué obligaciones deben cumplir a cambio, cómo se garantiza su gratuidad y si su financiación contribuye realmente a reducir las desigualdades.

 

¿Es realmente más barata la educación concertada?

 

Uno de los argumentos habituales para justificar la financiación de la enseñanza concertada es que representa un ahorro para las administraciones públicas. Sin embargo, comparar únicamente el gasto presupuestario por alumno ofrece una visión incompleta del coste de ambos modelos.

 

Los centros públicos deben garantizar la escolarización en todo el territorio, incluidos los pequeños municipios donde mantener un colegio con pocos estudiantes supone un gasto elevado. También escolarizan a una proporción mayor de alumnado vulnerable y deben proporcionar recursos específicos para atender sus necesidades.

 

El estudio de EsadeEcPol publicado en 2024 concluyó que entre el 66 % y el 75 % de los centros concertados cobran cuotas, dependiendo de la etapa educativa. También identificó que un 30 % de los colegios presentaba una situación de sobrefinanciación, pese a lo cual algunos continuaban solicitando aportaciones a las familias.

 

Por tanto, un menor gasto directo para la Administración no demuestra necesariamente una mayor eficiencia económica. Para conocer el coste real habría que incorporar las aportaciones familiares, las diferencias en las condiciones de escolarización y las obligaciones que asume cada red.

 

Además, las familias que pagan cuotas en la concertada contribuyen a financiar la educación mediante sus impuestos y realizan un desembolso adicional por la escolarización de sus hijos. Un coste que no aparece reflejado en las cuentas públicas, pero que forma parte del esfuerzo económico que soportan los ciudadanos.

 

El debate sobre el reparto de los recursos adquiere especial relevancia en Castilla y León, donde numerosos edificios escolares públicos fueron construidos hace décadas y necesitan actuaciones de conservación y modernización.

 

Durante 2026, las Cortes autonómicas han recogido iniciativas parlamentarias que advierten sobre el deterioro de colegios e institutos, las averías en sistemas de calefacción, la falta de aislamiento térmico y la ausencia de climatización adecuada.

 

En algunos centros, las elevadas temperaturas registradas durante los últimos episodios de calor han vuelto a poner de manifiesto las dificultades para garantizar unas condiciones apropiadas de trabajo y aprendizaje. Son problemas que afectan directamente al bienestar del alumnado y del profesorado, y que se suman a las reivindicaciones sobre reducción de ratios, atención a la diversidad, estabilidad de las plantillas y disminución de la burocracia.

 

En provincias como Zamora, además, la escuela pública resulta imprescindible para garantizar la educación en el medio rural. Mantener centros abiertos en localidades pequeñas, organizar el transporte escolar y atender a una población dispersa supone un esfuerzo que no puede valorarse exclusivamente en términos de rentabilidad económica.

 

La coexistencia de estas necesidades con el crecimiento de los fondos destinados a los conciertos educativos plantea una pregunta sobre las prioridades presupuestarias: qué recursos se destinan a mejorar la red pública y hasta qué punto la financiación de centros privados está contribuyendo al interés general.

 

Portugal, un modelo diferente al otro lado de la frontera

 

La comparación con Portugal es uno de los aspectos más reveladores de los trabajos publicados por El Orden Mundial. Mientras España presenta la mayor brecha socioeconómica de la OCDE a favor del alumnado de la concertada, en Portugal la diferencia se produce en sentido contrario: los estudiantes de la enseñanza pública tienen, por término medio, un perfil económico más elevado que quienes asisten a los centros privados sostenidos mediante contratos de asociación.

 

La explicación se encuentra en el funcionamiento de su sistema. En Portugal, estos acuerdos con colegios privados y cooperativos se utilizan para garantizar la enseñanza en territorios donde la red pública no dispone de oferta suficiente.

 

Los centros acogidos a estos contratos deben aceptar al alumnado en condiciones equivalentes a las de la escuela pública, y la enseñanza financiada mediante este mecanismo es gratuita.

 

La diferencia con España es significativa. Mientras el modelo portugués vincula estos conciertos a necesidades concretas de escolarización, en España la concertada se ha consolidado como una red paralela, especialmente presente en los núcleos urbanos.

 

El ejemplo portugués demuestra que el destino de la financiación pública y las condiciones exigidas a los centros privados son determinantes para comprender las desigualdades educativas.

 

Una asignatura pendiente

 

Las huelgas del profesorado y el debate electoral han vuelto a situar los recursos educativos en primer plano. Sin embargo, la discusión no debería limitarse a los incrementos presupuestarios, sino también a cómo se distribuye ese dinero y a qué necesidades responde.

 

Los datos difundidos por El Orden Mundial muestran una realidad que resulta difícil ignorar: España presenta la mayor separación socioeconómica entre la enseñanza pública y la concertada de los países analizados de la OCDE, y Castilla y León supera incluso la media nacional.

 

La escuela pública garantiza la escolarización en todo el territorio, sostiene buena parte de la educación rural y atiende a una mayor proporción de alumnado con necesidades de apoyo. Al mismo tiempo, necesita inversiones para modernizar edificios, mejorar sus instalaciones y reforzar sus plantillas.

 

En este contexto, el crecimiento de los recursos destinados a centros de titularidad privada obliga a examinar no solo el coste de cada plaza, sino también las consecuencias sociales de mantener dos redes financiadas con dinero público que escolarizan a poblaciones con características económicas diferentes.

 

Más información en Orden Mundial: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/dinero-publico-educacion-concertada-espana/

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