VIVIENDA
UPL denuncia la falta de plazos para construir nuevas viviendas públicas en Zamora
La Junta reconoce que las parcelas de Pinilla y La Alberca siguen en estudio y que las 200-250 viviendas previstas en Valderaduey dependen todavía de nuevos trámites urbanísticos, sin concretar cuándo comenzarán las obras.
Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que la respuesta ofrecida por la Junta de Castilla y León a las preguntas registradas por los regionalistas en las Cortes sobre la construcción de viviendas públicas en Zamora confirma que, más allá de las 42 viviendas del Alto de los Curas, los proyectos anunciados siguen sin tener un calendario concreto para hacerse realidad.
En su contestación, fechada el pasado 2 de noviembre, la Junta reconoce que las 42 viviendas de alquiler asequible para jóvenes menores de 36 años del Alto de los Curas están prácticamente terminadas. Sin embargo, la situación es muy diferente en el resto de los terrenos municipales. Tanto las parcelas de Pinilla como las situadas en el sector 13 Valderaduey, en la zona de La Alberca, continúan en fase de estudio para valorar su idoneidad técnica.
Especialmente preocupante es la situación de las entre 200 y 250 viviendas previstas en Valderaduey. La propia Administración autonómica reconoce que todavía es necesario actualizar el proyecto de urbanización existente, comprobar su viabilidad técnica y económica y ejecutar las obras de urbanización de forma simultánea a una primera promoción de viviendas. Además, señala que está a la espera del posicionamiento municipal respecto al compromiso con este proyecto.
La respuesta tampoco concreta cuándo podrían comenzar las obras de edificación ni cuándo estarían disponibles las viviendas. Ni siquiera determina cuántas se destinarían finalmente al alquiler y cuántas a la venta, ya que, según la Junta, dependerá del número y las características de los demandantes inscritos en el Registro.
Esta situación resulta especialmente llamativa después de los últimos meses de discrepancias entre ambas administraciones sobre la disponibilidad de los terrenos de la antigua Proinsa. Mientras el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, reclamaba que el Ayuntamiento formalizase la puesta a disposición de las parcelas, el alcalde, Francisco Guarido, defendía que existían conversaciones y trabajos con SOMACYL desde hacía tiempo.
De hecho, el alcalde explicó que en febrero de 2025 había remitido a la Dirección General de Vivienda el proyecto de urbanización existente para facilitar el trabajo de la sociedad pública autonómica. También aseguró que se habían mantenido reuniones técnicas y que el Ayuntamiento estaba dispuesto a asumir el coste de las actuaciones pendientes para dejar los terrenos urbanizados. No obstante, el pasado 22 de octubre se conoció que la urbanización completa no estaría terminada antes de 2027.
Para UPL, las diferencias administrativas entre Junta y Ayuntamiento no pueden convertirse en una justificación para prolongar indefinidamente un proyecto que ambas instituciones llevan tiempo anunciando. Los ciudadanos necesitan saber qué actuaciones faltan, qué administración debe realizarlas y, sobre todo, cuándo se van a construir las viviendas.
La contestación autonómica también aporta datos sobre la ejecución presupuestaria de las políticas de vivienda en Zamora durante 2025. Según la Junta, las inversiones ejecutadas ascendieron a 1.074.175 euros, el 178,91 % del crédito inicialmente previsto, a los que añade 2.801.795,54 euros correspondientes a ayudas al alquiler de una convocatoria de 2024 resuelta en 2025. Sin embargo, estas cifras globales no permiten conocer qué cantidades se han destinado a cada una de las promociones previstas sobre suelo municipal. Para 2026, la Junta identifica dos aplicaciones presupuestarias, pero tampoco concreta los importes asignados a cada actuación.
Desde UPL reclaman tanto a la Junta como al Ayuntamiento que aclaren definitivamente la situación de cada parcela, la financiación prevista y los plazos para ejecutar los proyectos. Zamora necesita ampliar su parque público de vivienda y no puede seguir dependiendo de anuncios de cientos de pisos que después permanecen pendientes de estudios, trámites y actuaciones urbanísticas. Porque el acceso a la vivienda no se soluciona con anuncios ni con cruces de declaraciones entre administraciones, sino con compromisos concretos y, sobre todo, con viviendas construidas y a disposición de quienes las necesitan.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que la respuesta ofrecida por la Junta de Castilla y León a las preguntas registradas por los regionalistas en las Cortes sobre la construcción de viviendas públicas en Zamora confirma que, más allá de las 42 viviendas del Alto de los Curas, los proyectos anunciados siguen sin tener un calendario concreto para hacerse realidad.
En su contestación, fechada el pasado 2 de noviembre, la Junta reconoce que las 42 viviendas de alquiler asequible para jóvenes menores de 36 años del Alto de los Curas están prácticamente terminadas. Sin embargo, la situación es muy diferente en el resto de los terrenos municipales. Tanto las parcelas de Pinilla como las situadas en el sector 13 Valderaduey, en la zona de La Alberca, continúan en fase de estudio para valorar su idoneidad técnica.
Especialmente preocupante es la situación de las entre 200 y 250 viviendas previstas en Valderaduey. La propia Administración autonómica reconoce que todavía es necesario actualizar el proyecto de urbanización existente, comprobar su viabilidad técnica y económica y ejecutar las obras de urbanización de forma simultánea a una primera promoción de viviendas. Además, señala que está a la espera del posicionamiento municipal respecto al compromiso con este proyecto.
La respuesta tampoco concreta cuándo podrían comenzar las obras de edificación ni cuándo estarían disponibles las viviendas. Ni siquiera determina cuántas se destinarían finalmente al alquiler y cuántas a la venta, ya que, según la Junta, dependerá del número y las características de los demandantes inscritos en el Registro.
Esta situación resulta especialmente llamativa después de los últimos meses de discrepancias entre ambas administraciones sobre la disponibilidad de los terrenos de la antigua Proinsa. Mientras el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, reclamaba que el Ayuntamiento formalizase la puesta a disposición de las parcelas, el alcalde, Francisco Guarido, defendía que existían conversaciones y trabajos con SOMACYL desde hacía tiempo.
De hecho, el alcalde explicó que en febrero de 2025 había remitido a la Dirección General de Vivienda el proyecto de urbanización existente para facilitar el trabajo de la sociedad pública autonómica. También aseguró que se habían mantenido reuniones técnicas y que el Ayuntamiento estaba dispuesto a asumir el coste de las actuaciones pendientes para dejar los terrenos urbanizados. No obstante, el pasado 22 de octubre se conoció que la urbanización completa no estaría terminada antes de 2027.
Para UPL, las diferencias administrativas entre Junta y Ayuntamiento no pueden convertirse en una justificación para prolongar indefinidamente un proyecto que ambas instituciones llevan tiempo anunciando. Los ciudadanos necesitan saber qué actuaciones faltan, qué administración debe realizarlas y, sobre todo, cuándo se van a construir las viviendas.
La contestación autonómica también aporta datos sobre la ejecución presupuestaria de las políticas de vivienda en Zamora durante 2025. Según la Junta, las inversiones ejecutadas ascendieron a 1.074.175 euros, el 178,91 % del crédito inicialmente previsto, a los que añade 2.801.795,54 euros correspondientes a ayudas al alquiler de una convocatoria de 2024 resuelta en 2025. Sin embargo, estas cifras globales no permiten conocer qué cantidades se han destinado a cada una de las promociones previstas sobre suelo municipal. Para 2026, la Junta identifica dos aplicaciones presupuestarias, pero tampoco concreta los importes asignados a cada actuación.
Desde UPL reclaman tanto a la Junta como al Ayuntamiento que aclaren definitivamente la situación de cada parcela, la financiación prevista y los plazos para ejecutar los proyectos. Zamora necesita ampliar su parque público de vivienda y no puede seguir dependiendo de anuncios de cientos de pisos que después permanecen pendientes de estudios, trámites y actuaciones urbanísticas. Porque el acceso a la vivienda no se soluciona con anuncios ni con cruces de declaraciones entre administraciones, sino con compromisos concretos y, sobre todo, con viviendas construidas y a disposición de quienes las necesitan.
















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