Viernes, 20 de Noviembre de 2026

Redacción
Viernes, 20 de Noviembre de 2026
CAMPAÑA ELECTORAL

Frente Amplio propone un plan integral para garantizar la vivienda

"Necesitamos más fuerza para poder presionar al gobierno", asegura Diego Bernardo tras asegurar que "los mínimos que se han conseguido han sido en una lucha de Sumar con el PSOE"

Frente Amplio ha presentado su programa prioritario en materia de vivienda y coste de la vida, situando la garantía de los bienes de primera necesidad en el centro del debate político. Con las últimas encuestas reflejando que la vivienda y la carestía de los servicios esenciales se han situado entre las principales preocupaciones de la ciudadanía respectivamente, la candidatura ha anunciado una batería de reformas dirigidas a intervenir el mercado inmobiliario, el sector energético y la cesta de la compra para blindar los derechos de la mayoría social.

 

El candidato de Frente Amplio, Diego Bernardo, contrapuso el modelo social y económico que defiende su organización frente al de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha. En declaraciones del Diego Bernardo: "En esta campaña vamos a confrontar dos modelos de entender la economía: o defendemos los beneficios de quienes hacen negocio con los bienes de primera necesidad o defendemos el derecho de las personas a acceder a ellos". Bernardo criticó que las recetas de formación como PP o VOX "terminan defendiendo los intereses de las élites económicas y los beneficios del capital por encima de las necesidades de las personas", rechazando al mismo tiempo los discursos que pretenden responsabilizar a los colectivos vulnerables o a la inmigración del encarecimiento residencial.

 

A este respecto, el candidato enfatizó que solo en la provincia de Zamora existen alrededor de 40.000 viviendas vacías, lo que demuestra que "el problema no se explica por la falta de inmuebles, sino por cómo se utilizan y por quién controla una parte fundamental del mercado". Como datos, Fondos como Blackstone tienen más de 20.000 viviendas, de las cuales 8.000 estaban en Madrid antes de vender 5.000 a otro fondo de inversión. En 2013, Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid por el PP, vendió cerca de 2.000 viviendas públicas a Blackstone para que acabaran formando parte de su negocio inmobiliario. En el conjunto de España, las empresas privadas acumulan más de un millón de viviendas, lo que representa aproximadamente el 4% del parque total y el 8% de los inmuebles destinados al alquiler

 

El coste de la vivienda, que en territorios como Zamora ha registrado subidas de entre el 50% y el 100% tanto en alquiler como en compra durante los últimos años, responde a la creciente concentración patrimonial en manos de estos fondos de inversión y entidades financieras. "El principal problema de la vivienda en España es que hemos permitido convertir un derecho y un bien básico en un instrumento para especular y ganar dinero", aseveró Diego Bernardo.

 

Para revertir esta situación, Frente Amplio propone una intervención pública articulada en una batería de medidas. En primer lugar, la ampliación del parque público mediante la incorporación de 1,5 millones de viviendas a través de la construcción, la compra directa y la expropiación, con la meta de alcanzar un 9,3% de vivienda pública frente al escaso 1,5% actual. En segundo lugar, la expropiación dirigida a los grandes tenedores que acumulen más de 1.000 viviendas en propiedad. En tercer lugar, el programa establece una limitación al precio del alquiler residencial para que la renta no supere en ningún caso el 25% de los ingresos medios del hogar. En cuarto lugar, la implantación de contratos de arrendamiento indefinidos con renovaciones automáticas de cinco años, ampliables a siete en el caso de arrendadores jurídicos. Finalmente, para ofrecer plenas garantías a los pequeños propietarios privados que decidan alquilar a precios regulados, el Estado creará una garantía pública de arrendamiento por la cual la administración asumirá la gestión de los trámites, asegurará el cobro mensual de las rentas y cubrirá la reparación de desperfectos.

 

Diego Bernardo precisó que estas iniciativas no buscan perjudicar a los pequeños propietarios que obtienen un complemento a sus ingresos, sino erradicar la especulación desmedida de los grandes fondos: "Queremos proteger tanto a quienes necesitan una vivienda digna como a quienes quieren ponerla en alquiler a un precio razonable", remarcó el candidato, recordando que el artículo 47 de la Constitución Española mandata a los poderes públicos a regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

 

En lo relativo al coste de la vida, Frente Amplio extiende la regulación estatal al ámbito energético y a los productos de primera necesidad, argumentando que las subidas salariales resultan insuficientes si son devoradas por la factura de la luz, el gas o la alimentación. La formación rechaza que conflictos internacionales como la guerra de Irán sirvan de pretexto para incrementar las tarifas mientras las grandes empresas energéticas prevén aumentar sus beneficios en España de 10.000 a 15.000 millones de euros en lo que va de 2026. Frente a esta realidad, Frente Amplio propone reconocer la electricidad como servicio público y bien de primera necesidad con tarifa social, recuperar la excepción ibérica para limitar el precio del gas, garantizar tres horas diarias de electricidad gratuita en momentos de máxima producción solar o excedente, crear una comercializadora pública de referencia que rompa el oligopolio actual y establecer un IVA progresivo para la electricidad del 0% al 21% en función del consumo y la vulnerabilidad del hogar, junto a la rebaja del IVA en servicios básicos de consumo general y peluquerías.

 

Asimismo, la candidatura propone la intervención y regulación directa de los precios de los alimentos básicos de consumo diario y el cumplimiento estricto del régimen sancionador de la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir la venta a pérdidas en origen, protegiendo a agricultores y ganaderos frente a los márgenes abusivos de grandes distribuidoras, que llegan a multiplicar en muchos casos hasta por 5 el precio que se paga al productor. Como denunció Diego Bernardo en el cierre de la presentación, mientras muchas familias tienen dificultades para llenar la cesta de la compra. "La función esencial del Estado debe ser redistribuir la riqueza. Quienes quieran ganar dinero pueden hacerlo, pero no a costa de la energía, los alimentos o la vivienda. Necesitamos un gobierno valiente que recupere el control sobre los bienes básicos y defienda a la mayoría social, y para conseguirlo necesitamos un voto como una casa", concluyó el candidato de Frente Amplio.

 

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